Justamente a fines de 2009 -a un año de la asunción de Fernando Lugo- se comenzó a hablar de un juicio político por parte del Congreso, en el que el Presidente casi no tiene representación, en complicidad con el vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico. En ese entonces escribimos un artículo -Paraguay, ¿una nueva Honduras? (10-11-2009)- en el que dijimos: “Posiblemente, la derecha paraguaya haya aprendido de los gorilas hondureños que no es bueno sacar a Lugo en pijama, de madrugada, y enviarlo a algún país vecino en un ‘avión pirata’, pero eso no conduciría necesariamente a dejar de lado sus ambiciones desestabilizadoras sino, simplemente, a ser más cuidadosos”.
La política luguista del “Mbytetépe poncho yurúicha” (ubicarse en el centro, como la boca del poncho) no ahuyentó a los fantasmas que la burguesía paraguaya se hace sobre un tránsito de Paraguay hacia el “comunismo” de Chávez, Evo y Correa. En ese entonces, la razón en la que la derecha fundamentó el pedido de juicio político era tragicómica: que Lugo había afirmado que los ricos se oponen al proceso de cambio.
Lugo dijo exactamente: “Los que genuinamente quieren cambiar el país son los que no tienen cuentas bancarias, son los que no salen cada día en las páginas sociales de la prensa... Los que quieren seguir mirando el pasado en sus privilegios' en defensa de sus cajas de ahorros en bancos internacionales, ellos no quieren cambiar”.
¿Discurso inofensivo? Puede ser, pero no en Paraguay. Las reacciones fueron insólitas: el ex candidato presidencial Pedro Fadul, del partido Patria Querida, tildó de “criminal” el contenido del mensaje de Lugo debido a su carácter “confrontacional”, que “daña el alma y el espíritu”. Curiosa, en cualquier caso, la capacidad de indignación del “espíritu” de una élite que convivió sin la menor indignación con las peores desigualdades del continente.
Por su parte, el analista Carlos Redil comentaba: “Lugo hizo un discurso incendiario incentivando la lucha de clases y la oposición no podía quedarse callada”. Redil creía, “por ahora”, que no estaban dadas las condiciones para un juicio político. “Por ahora'”.
En ese entonces se conoció un mail del ganadero chileno Eduardo Avilés, residente en Paraguay hace más de 30 años, en el que pedía una contribución entre su pares empresariales para comprar armamento, formar escuadrones e identificar y liquidar comunistas . “Ya es la hora de ponernos los pantalones largos. Hasta cuándo tenemos que esperar para combatir a estos comunistas hijos de puta, que están queriendo destruir nuestro querido Paraguay, como lo hicieron los allendistas en Chile”, decía.
El anticomunismo es moneda corriente en Paraguay. El dictador Stroessner dijo que su país era “el más anticomunista del mundo” junto a Taiwán, uno de sus principales aliados. Los negocios -políticos y monetarios- entre ambas naciones están bien documentados en el apasionante libro El Paraguay de Stroessner, de Rogelio García Lupo, que contiene un largo detalle del anecdotario sangriento de las décadas de reinado del dictador.
Cualquier reforma social, por mínima que sea, activa el anticomunismo latente de una de las más rancias oligarquías de la región. Hacer un simple catastro de las propiedades agrícolas -para no hablar de una reforma agraria- ya es una medida revolucionaria en Paraguay, donde entre terratenientes nativos y brasiguayos (hijos de brasileños nacidos en Paraguay) controlan sus haciendas a punta de escopeta.
El momento de hacer el golpe de Estado llegó tras la masacre de 17 campesinos y policías el pasado 15 de junio. “La constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas, es un hecho inédito en los anales de la historia desde nuestra independencia hasta la fecha, en tiempo de paz”, decía una parte de los cargos para el juicio político exprés que busca, tras sacar al Presidente, restaurar el viejo orden apenas erosionado por la gestión de Lugo.
Pablo Stefanoni
Página Siete
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