El jueves 21 de junio, la Cámara de Diputados paraguayo amaneció con la noticia de discutir en el órgano legislativo el sometimiento del primer mandatario a juicio político luego de los enfrentamientos suscitados la semana pasada en la región de Curuguaty donde murieron 11 campesinos y seis policías.
La decisión de los diputados se dio además después que el miércoles, el mandatario anunció la creación de una comisión especial para investigar el suceso, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA). A esto se le sumó la decisión del primer mandatario de poner frente al Ministerio del Interior a Rubén Candia Amarilla, en reemplazo de Rafael Filizzola, precisó el coordinador general de la agencia IP Paraguay, Carlos Troya.
Ante ese nombramiento, el Partido Radical Liberal Auténtico (PLRA), que formó parte de la coalición liderada por el presidente Lugo en las elecciones de 2008, mostró su descontento alegando que su designación favorecía al Partido Colorado.
Al termino de la sesión, antes del mediodía, los diputados aprobaron el juicio político contra el presidente.
Acto seguido la resolución de la Cámara de Diputados pasó a la Cámara de Senadores, quienes, a pesar de no tener quórum en horas de la mañana para discutir leyes ordinarias, convocaron a una sesión extraordinaria en horas de la tarde en la que estuvo presente la totalidad de los legisladores.
En tiempo récord, los senadores aprobaron la resolución proveniente de Diputados y además un reglamento en el que establecieron el procedimiento del juicio político; para realizarlo en menos de 24 horas, violando el debido proceso.
Inmediatamente hubo respuestas de organismos internacionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), en defensa de la democracia paraguaya. Unasur envió a sus cancilleres a Asunción para evaluar la situación.
Presuntos delitos
A las seis de la tarde (hora local) del mismo jueves, el Senado informó las acusaciones contra el presidente Lugo. No presentaron pruebas por considerar que los delitos de los que se le acusó son de conocimiento público.
Se le responsabilizó por la realización de un mitín político de jóvenes de izquierda del 6 al 10 de mayo del 2009, en la sede del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, de instigar las "invasiones", por parte del movimiento sin tierras, en algunos predios de latifundistas.
En tercer lugar por la “creciente ola de inseguridad” que atraviesa el país. Como cuarta acusación, los senadores lo enjuiciaron por la firma del Protocolo de Ushuaia II del Mercosur. Y como quinto por los enfrentamientos Curuguaty.
Tras emitir las imputaciones, los senadores dieron un plazo hasta el mediodía de este viernes para darle lugar a la defensa.
Luis Wagner, senador por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), denunció a sus máximos dirigentes políticos de conspiración contra el primer mandatario paraguayo. Señaló que el precandidato presidencial del conservador Partido Colorado (PC) Horacio Cartes y Blas Llano, presidente del PLRA, iniciaron la negociación, hizo de vocero Juan Carlos Galaverna (senador del PC) y se sumó a la conspiración Lino Oviedo.
Por su parte, el secretario general del Frente Guasú, Ricardo Canese, denunció al PLRA de querer hacerse del poder en ese país "pero no a través de los votos sino con la prostitución de la Constitución, quieren acceder al gobierno de forma indebida".
Defensa
Puntualmente, al mediodía de este viernes la defensa del presidente Lugo, conformada por los abogados Emilio Camacho, Adolfo Ferreiro, Enrique García, llegó al Senado para presentar los alegatos en la dos horas estipuladas por quienes orquestaron la intentona golpista.
García calificó el juicio como "una grave lesión al orden público y violación de principios constitucionales".
"La medida es inconstitucional, es una notoria violación de las disposiciones de rango constitucional, que afectan gravemente el derecho legitimo a formular una defensa adecuada y articulada".
Entretanto, Camacho denunció que el juicio se inició con “una condena preescrita”. El abogado manifestó que tres de los cinco delitos por los que fue imputado el presidente Lugo no existen en la legislación paraguaya.
“No existe el protocolo de Ushuaia (no se ha aplicado en Paraguay), no existió la compra de la tierras Teixeira, no existe el delito de ideas (referente al cargo por mitin político en sede militar)”.
A lo largo del juicio, los senadores acusadores se negaron a aceptar los alegatos de la defensa e incluso desestimaron los pedidos de sus colegas que solicitaban ampliar el plazo para formular la defensa, al menos a 72 horas.
Durante el desarrollo del juicio político, el senador Carlos Filizzola, solicitó pruebas para sustentar las acusaciones. Al instante, los senadores acusadores le hicieron llegar un pliego con las presuntas pruebas, que a pesar de no haber sido leídas por los legisladores, ya habían sido admitidan por el órgano legislativo. Esto a pesar de haber referido el día previo que no hacía falta presentar evidencias.
Tras el debate, con poco contenido para sostener las acusaciones, los senadores acusadores insistieron en someter a votación la medida, que significaba la ruptura del orden constitucional.
Con un resultado de dos ausentes, cuatro rechazos y 39 condenas, la Cámara de Senadores del Congreso paraguayo aprobó la destitución de Fernando Lugo, luego de 24 intentos desde su asunción en 2008.
Tras la consumación del golpe de Estado, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir a miles de paraguayos apostados en la Plaza de Armas, en las inmediaciones del Congreso, expresando su repudio a esta maniobra política.
Pocos minutos después, en un ambiente festivo dentro del Parlamentoo, los senados juramentaron al vicepresidente Federico Franco, del PLRA, como presidente.
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