por Idilio Méndez Grimaldi (*)
Quienes están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una
ideología que promueven el máximo beneficio económico a cualquier
precio y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro.
El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir
una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con
Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que
reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una
fiscala para proteger a un latifundista. Como resultado se tuvo 17
muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves. Las
consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con
debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser
llevado a juicio político por un Congreso dominado por la derecha; duro
revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas,
acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos;
avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales
como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de
sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para la
los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las
elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.
El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de
algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de
biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las
protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron
esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus
Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón,
como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo
del textil.
El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas,
SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel
Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de
cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de
la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación.
Campaña mediática
Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios
de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que
publica el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por
no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial
en todo el país.
La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia
por parte de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia
Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y
nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color. Martínez
es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas
agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones
de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP.
Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis
columnas: “Los 12 argumentos para destituir a Lovera” (1). Estos
presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente de la
República, correligionario del ministro de Agricultura, el liberal
Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de
Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia.
El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual
organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro
Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa que un supuesto
grupo de inversores de la India, del sector de los agroquímicos, canceló
un proyecto de inversión en Paraguay por la presunta corrupción en
SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En esas horas de aquel día
se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty.
En el marco de esta exposición preparada por el citado ministerio, la
transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón, doblemente
transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida fabricado y
patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional norteamericana
es la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya
ocurrió en la Argentina y otros países del mundo.
Previamente a estos hechos, el diario ABC Color denunció
sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de
Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, dos
funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto.
Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de
impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en
concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en
Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas
transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión
cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno a
los 7 millones de toneladas en el 2010.
Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el
proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla crear una dirección de
bioseguridad a cargo del Ministerio de Agricultura, con amplia potestad
para la aprobación para su cultivo comercial de todas las semillas
transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y algunas
hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de la Comisión
de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de funcionarios
técnicos del Estado paraguayo.
En tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene
preparando un acto de protesta nacional contra el gobierno de Fernando
Lugo para el 25 de junio próximo. Se trata de una manifestación con
maquinarias agrícolas, cerrando medias calzadas de las rutas en
distintos puntos del país. Una de las reivindicaciones del denominado
“tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así como la
liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo
comercial.
Las conexiones
La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles
como Ramón Sánchez - quien tiene negocios con el sector de los
agroquímicos - entre otros agentes de las transnacionales del
agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas del Grupo
Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director
propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de
Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad
Interamericana de Prensa, SIP.
El Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una de
las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad
construyó uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay,
denominado Puerto Unión, a 500 metros de la toma de agua de la empresa
aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna
restricción.
Las transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan
impuestos, mediante la férrea protección que tienen en el Congreso,
dominado por la derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del
13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por el Estado
paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los latifundistas no
pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de
la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, según un estudio del
Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al
30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales.
Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85 por ciento
de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2 por
ciento de propietarios (3) que se dedican a la producción meramente
extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la
tierra.
La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami
y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del sector
financiero, que guardan sus bienes mal habidos en los paraísos fiscales o
le facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u
otra manera, están ligados al agronegocio y dominan el espectro político
nacional, con amplias influencias en los tres poderes del Estado. Allí
reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector financiero y
del agronegocio.
Los hechos de Curuguaty
Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del
Paraguay, a unos 200 km de Asunción, capital del Paraguay. A unos
kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí, propiedad del
terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar.
Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner
(1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al
general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó
al dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido
Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de varios
supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante
subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que
pertenecen al Estado paraguayo.
Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían
solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una
fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo
Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros de
élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de
Uribe, para la lucha contrainsurgente.
Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la
Policía, con la complicidad de la Fiscalía, explica la emboscada, en la
cual murieron 6 policías. No se comprende cómo policías altamente
entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en
una supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere hacer creer la
prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y
acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos.
Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven
Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad
del presidente Lugo.
El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas
las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar
el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento,
doloroso, de descampesinización del campo paraguayo, que atenta
directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del
pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores
ancestrales de toda la cultura guaraní.
Tanto la Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la
Policía Nacional, así como diversos organismos del Estado paraguayo,
están controlados mediante convenios de cooperación por USAID, la
agencia de cooperación de los Estados Unidos.
El asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la
República obviamente es un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza
sería el próximo objetivo, probablemente a través de un juicio político,
quien derechizó más su gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo
ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del
Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla,
proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo derrotó en
las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo
la tiranía de Alfredo Stroessner.
Candia fue ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte
(2003-2008) y se desempeñó como fiscal general del Estado por un
periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado por otro colorado,
Javier Díaz Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es acusado de
haber promovido la represión a dirigentes de organizaciones campesinas y
de movimientos populares. Su nominación a Fiscal General del Estado en
el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los Estados Unidos,
Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por parte de
USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su gobierno
por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno.
Tras asumir como el ministro político de Lugo, lo primero que anunció
Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos
que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá conversación, sino
simplemente la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza
policial represiva sin contemplación.
Dos días después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP,
encabezado por Héctor Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del
Interior, a quien solicitaron garantías para la realización del
denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo dijo que la medida de
fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para la
UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de Monsanto,
destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el
gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno.
Cristaldo es precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un
movimiento interno del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un
empresario investigado en el pasado reciente por Estados Unidos por
lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que
se hizo eco de varios cables del Departamento de Estado de USA,
publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que aludía directamente a
Cartes, el 15 de noviembre de 2011.
Juicio político a Lugo
En las últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP, (4)
algunos integrantes del Partido Colorado y los propios integrantes del
Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas
Llano y aliado del gobierno, amenazan con un juicio político Fernando
Lugo para destituirlo como presidente de la República del Paraguay.
Lugo depende del humor de los colorados para seguir como presidente de
la República, así como de sus aliados liberales, que ahora lo amenazan
con juicio político, con seguridad buscando más espacios de poder
(dinero) como prenda de paz. El Partido Colorado, aliado a otros
partidos minoritarios de la oposición, tiene la mayoría necesaria como
para destituir al presidente de sus funciones.
Quizás se esperan “las señales favorables” de Lugo que la UGP - en
nombre de la Monsanto, la patria financiera y los oligarcas - está
exigiendo al gobierno. Caso contrario, se estaría pasando a una
siguiente fase de los planes de copamiento de este gobierno que nació
como progresista y lentamente va terminando como conservador, controlado
por los poderes fácticos.
Entre algunos de sus haberes, Lugo es responsable de la aprobación de la
Ley Antiterrorista, propiciada por Estados Unidos en todo el mundo
después del 11 S. Autorizó en 2010 la implementación de la Iniciativa
Zona Norte, consistente en la instalación y despliegue de tropas y
civiles norteamericanos en el norte de la Región Oriental - en las
narices del Brasil - supuestamente para desarrollar actividades a favor
de las comunidades campesinas.
El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra
unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el
análisis del poder real, cayendo en los juegos electoralistas
inmediatistas. Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente
Guazú que participan en la administración del Estado, sucumben ante los
cantos de sirena del consumismo galopante del neoliberalismo. Se
corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten en émulos
vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos del
derechista Partido Colorado.
Curuguaty también engloba un mensaje para la región, especialmente para
Brasil, en cuya frontera se producen estos hechos sangrientos,
claramente dirigidos por los amos de la guerra, cuyos teatros de
operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora Siria.
Brasil está construyendo hegemonía mundial junto a Rusia, India y
China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su poder
de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje
comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un
muro de contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el
Pacífico.
Mientras, Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia,
tratando de convencer al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos
comerciales, tecnológicos y militares. Entre tanto, la IV Flota de los
Estados Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de
servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el
Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no
comprendiese la persuasión diplomática.
Y Paraguay es un país en disputa entre ambos países hegemónicos,
dominado aun ampliamente por USA. Por eso lo de Curuguaty es también una
pequeña señal para Brasil, en el sentido que el Paraguay puede
convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del suroeste
del Brasil.
Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital,
del gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y
aplasta la vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la
civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también
van dando respuestas a estas señales de la muerte, con señales de
resistencia, con señales de dignidad y de respeto a todas formas de vida
en el Planeta.
1- http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/presentan-12-argumentos-para--destituir-a--lovera-411495.html
2- Documento del Banco Mundial. Paraguay. Impuesto Inmobiliario:
Herramienta clave para la descentralización fiscal y el mejor uso de la
tierra. Volumen I: Informe principal. 2007.
3- Censo Agropecuario Nacional 2008.
4- http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/productores-se-ratifican-en-juicio-politico-416196.html
(*) Periodista, investigador y analista. Miembro de la Sociedad de
Economía Política del Paraguay, SEPPY. Autor del libro Los Herederos de
Stroessner.
Tomado de:
Atilio Boron.com.ar
