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| Vicepresidente primero del PCFR, Iván Melnikov. |
La querella está basada en que muchas de las disposiciones de la nueva normativa violan la Constitución y empeoran la situación y derechos de los rusos, argumentó el vicepresidente primero del PCFR, Iván Melnikov.
Según declaró Melnikov, la segunda fuerza política propuso un proyecto de ley alternativo, pero el gobernante partido Rusia Unida, con la mayoría de los mandatos en la Duma (cámara baja) impuso su propuesta, que finalmente se aprobó en esa instancia, y luego en el Consejo de la Federación (Senado).
La ley, concebida por el Gobierno como una reforma de reestructuración del sector en busca de "efectividad" de las instituciones, entrará en vigor el 1 de septiembre próximo.
Melnikov indicó que el PCFR presentará la demanda ante el Tribunal Constitucional sobre la base del artículo 55, parte 2 de la Carta Magna, que prohíbe la adopción de leyes que "agraven la situación social y material de los ciudadanos", invocó el también vicepresidente de la Duma.
En opinión de la fracción encabezada por Guennadi Ziuganov, disposiciones contempladas en la citada legislación y referidas a los pagos de jardines de infancia, a los niños huérfanos, la cifra de plazas presupuestadas (becas) y el pago de las residencias estudiantiles deterioran el estatus material de las familias y de ciudadanos, en general.
Criterios circulados por blogueros y redes sociales llaman la atención de que la ley fue aprobada, en segunda y tercera lecturas, a pesar de contener puntos polémicos y sin un debate previo en la sociedad.
Una de las cuestiones que genera más polémica tiene que ver con los incrementos del pago por el cuidado de los niños en las guarderías, montos que difieren entre Moscú y las regiones, considerados desproporcionados respecto a los ingresos de los padres, según diversas organizaciones sociales.
Las perspectivas de la educación primaria pagada y los nuevos estándares fijados han sido motivo de escrutinio de la opinión pública, porque las fronteras de la gratuidad parecen diluirse sin una precisión, mientras la normativa legaliza los hasta ahora vigentes medios de pago en las escuelas.
El partido Comunista de la Federación pidió a la Duma llevar a cabo una investigación sobre los criterios manejados por el Ministerio de Educación para evaluar la efectividad de los institutos superiores.
De acuerdo con una inspección realizada durante 2012, más de 100 instituciones en el país clasificaron como "ineficaces", y podrían desaparecer, de las cuales, 20 se ubican en Moscú.
El Gobierno ruso interpretó las reformas como una reorganización del sector, pero la bancada comunista lo considera un duro golpe a la educación pública.
lac/oda
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